
Venezuela S.A.: División Territorial y Gestión Concesionaria
Una propuesta audaz, jerárquica y profundamente conservadora para reorganizar Venezuela como una república administrada con eficiencia, honor y autoridad. Este artículo plantea la división del país en Estados delegados, gestionados por concesionarios privados bajo contrato estricto, pero sujetos al mando soberano de un gobierno central fuerte y responsable. Una alternativa al caos democrático y al populismo tiránico, donde el orden, la competencia y la virtud son ley. Semper Honor no es un lema: es el principio rector de una nueva forma de gobernar.
Jefferson Coronel
4/6/20255 min read
Introducción: El poder como administración moral y jerárquica
Cuando pensamos en el futuro de Venezuela desde una visión verdaderamente conservadora, debemos ir más allá de las recetas democráticas fallidas o los populismos degenerativos. La patria necesita orden, responsabilidad y honor. Necesita una estructura política que reconozca la jerarquía natural de la autoridad, pero que la sujete a la virtud y al deber. Bajo esta premisa, proponemos una visión administrativa moderna y funcional: la división territorial de Venezuela en unidades delegadas, gestionadas bajo concesión privada pero controladas por una soberanía central con principios firmes y moral incorruptible.
Esta estructura no es una ficción futurista ni un delirio tecnocrático. Es una forma coherente, realista y conservadora de organizar el poder territorial: bajo contrato, con jerarquía, y con responsabilidad. Es una forma de institucionalizar el "Semper Honor" en cada rincón del país.
1. Unidades Administrativas Delegadas: Estados sin soberanía, pero con función
La propuesta de dividir el territorio nacional en 7 grandes Estados (inspirados en la Capitanía General de Venezuela) parte de la idea de que el orden político debe ser comprensible, jerárquico y operacional. Cada Estado sería una unidad administrativa delegada, no soberana. Es decir: no tendría autonomía política ni legislativa propia, sino que ejecutaría las funciones públicas bajo un contrato con la autoridad central.
El jefe del Estado soberano (el CEO nacional) mantiene control pleno sobre el conjunto de la nación. Sin embargo, delega funciones operativas a empresas concesionarias para administrar cada uno de estos Estados. No se trata de federalismo ni descentralización liberal: se trata de una organización delegativa, jerárquica y evaluada.
Esto permite dividir el poder de ejecución sin fragmentar la soberanía, mantener el orden sin burocracia innecesaria, y generar competencia interna en busca de la excelencia.
2. Concesiones administrativas: eficiencia con control
Cada unidad territorial (Estado delegado) estaría gestionada por un concesionario: una empresa privada o consorcio tecnocrático que recibe el encargo de administrar, operar y desarrollar la región bajo los límites estrictos de un contrato. El modelo es claro: se entrega gestión, no soberanía.
¿Cuáles funciones puede delegar el Estado central?
Servicios básicos: agua, electricidad, recolección de residuos, mantenimiento de vías.
Educación y salud: administración de hospitales, escuelas, centros de formación.
Infraestructura: planificación y ejecución de obras públicas locales.
Recaudación tributaria: bajo participación en ingresos por rendimiento.
Seguridad civil: patrullaje, vigilancia, control de delitos comunes, bajo protocolos nacionales.
Este modelo mezcla el legado de los virreinatos con las prácticas modernas de gestión por resultados: indicadores clave de desempeño (KPI), auditorías, fiscalización contable y revisión periódica de cumplimiento.
No se entrega el territorio. Se entrega la operación, sujeta a rendimiento y supervisión.
3. El contrato como constitución local: límites claros, poder revocable
El instrumento que regula esta relación es el contrato de concesión, que actúa como constitución local. Es un contrato con cláusulas de cumplimiento, sanciones, auditorías y posibilidad de revocación.
El CEO del país (soberano ejecutivo) mantiene la potestad de:
Cancelar una concesión ante fallas graves o corrupción.
Imponer medidas correctivas, incluyendo la intervención temporal del Estado delegado.
Evaluar periódicamente los resultados mediante una Secretaría General de Auditoría y Control.
En otras palabras: el concesionario actúa, pero no manda. Ejecuta, pero no legisla. Su permanencia depende de los resultados. Esta es la esencia del poder responsable.
4. Seguridad civil: autoridad descentralizada, poder centralizado
La seguridad es el pilar de cualquier sociedad conservadora. No puede estar sujeta a improvisación ni abandono. Sin embargo, puede ser administrada bajo supervisión central.
Cada concesionario podrá contratar y entrenar fuerzas locales de seguridad (guardias, patrullas, cuerpos de vigilancia), siempre que:
Respondan a protocolos nacionales de derechos, uso de la fuerza y procedimiento penal.
Estén registrados en el Ministerio del Orden Nacional.
Sean auditados por agencias independientes.
La fuerza coercitiva legítima sigue siendo del Estado central, quien puede intervenir ante abusos o caos. No se permite la existencia de "milicias locales" ni "fuerzas regionales autónomas". Esto previene secesionismo o caudillismo regional.
5. Cultura de honor: ética institucional y vigilancia moral
La eficiencia no es suficiente. Un orden sin virtud es una dictadura disfrazada. Por eso el sistema debe ir acompañado de una cultura de Semper Honor: la idea de que todo poder delegado debe ejercerse con responsabilidad, dignidad y rectitud.
Proponemos la creación del Consejo de Ética del Estado, un organismo honorario conformado por personalidades morales, exmilitares, jueces jubilados, líderes religiosos y sabios reconocidos. Este consejo:
Emite dictámenes éticos sobre la actuación de los concesionarios.
Evalúa si hay desviaciones morales o abusos sutiles que no aparecen en los balances.
Propone reformas para fortalecer la virtud institucional.
No tiene poder ejecutivo, pero sí poder de influencia. Es el equivalente de una Cámara alta aristocrática o de los "consejos de ancianos" que guiaban a las repúblicas clásicas. Su existencia garantiza que el lucro nunca desplace al deber.
6. Libertad de salida: competencia moral entre Estados
En este modelo, la libertad de movimiento cumple una función disciplinaria. Si un concesionario gestiona mal, los ciudadanos pueden mudarse a otro Estado donde la administración sea mejor. Esto crea competencia por atraer y retener población.
La posibilidad de "votar con los pies":
Obliga al concesionario a servir con excelencia.
Desincentiva el abuso o la negligencia.
Refuerza la idea de que el poder no es un privilegio, sino una carga sujeta a evaluación.
7. Un sistema con rostro humano: jerarquía, propiedad y pertenencia
La crítica liberal a estos modelos es que "mercantilizan la vida". Nada más falso. El verdadero conservadurismo entiende que el orden nace de estructuras claras donde cada quien conoce su rol y su responsabilidad.
Este modelo no crea esclavos ni clientes pasivos. Crea ciudadanos que viven bajo reglas estables, con posibilidad de ascenso, participación y pertenencia. El concesionario no es dueño del Estado: es su operador. Y el ciudadano no es un cliente cualquiera: es un habitante libre con dignidad protegida por la ley.
El sistema puede incluir:
Participación ciudadana en forma de Consejos Consultivos Locales.
Encuestas obligatorias de satisfacción ciudadana que influyan en la renovación del contrato.
Acciones simbólicas de pertenencia (como una acción ciudadana sin voto) para que cada familia tenga "una parte" del destino nacional.
Conclusión: Venezuela como modelo de orden moderno
Este sistema de concesión territorial no es una utopía tecnocrática ni una privatización neoliberal. Es una propuesta profundamente conservadora, jerárquica y ordenada.
Es una forma de articular una visión monárquica moderna con el camerismo prusiano y la idea de honor permanente. Un gobierno fuerte pero limitado, descentralizado en la ejecución pero centralizado en la autoridad.
Una Venezuela dividida en 10 regiones, no como feudos, sino como unidades administrativas del Reino Corporativo, cada una gestionada por los mejores, evaluada por su gente y juzgada por sus resultados.
En el centro, un CEO-soberano que no gobierna por capricho ni por elección popular, sino por responsabilidad moral y excelencia. Un soberano que encarna la máxima de Semper Honor: siempre honor, siempre deber, siempre patria.
Si queremos salvar a Venezuela, debemos abandonar las ilusiones democráticas y reconstruir la nación sobre los cimientos del orden, la jerarquía y la virtud. Esta visión territorial es el primer paso. No hacia la tiranía, sino hacia la restauración.
Semper Honor. Siempre Venezuela.
